INFORME
sobre el caso de los menores de edad
detenidos los días 3 y 4 de mayo de 2006
en Texcoco y San Salvador Atenco
Estado de México
PRESENTAN
Sector Niñ@s de La Otra Campaña
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Kolectivo Kinta Brigada
El presente informe surge ante la necesidad de llenar el vacío de información que se generó a partir de los lamentables sucesos del 3 y 4 de mayo en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, respecto al caso de los menores de edad detenidos esos días.
Si bien la sociedad mexicana pudo enterarse de las terribles circunstancias en las que fueron detenidas y trasladadas todas las personas detenidas esos días, fue gracias al esfuerzo de algunas organizaciones pertenecientes a La Otra Campaña y de medios alternativos, que se le dio difusión en diferentes espacios a lo que realmente sucedió esos días, como la tortura que sufrieron nuestros compañeros y compañeras.
No obstante, el caso de los menores de edad permaneció casi inadvertido, pues ni los medios de información ni las organizaciones civiles o de derechos humanos tenían registrado lo acontecido a los niños y niñas en ambos operativos policíacos. Sólo se sabía que había menores de edad detenidos, pero sin contar con los pormenores o información suficiente al respecto.
Lo anterior se explica porque la mayoría de los menores de edad detenidos no pertenecen a ninguna organización o colectivo que durante los terribles hechos acudieron a solidarizarse con los floricucultores y campesinos de Texcoco y San Salvador Atenco.
Ahora bien, si para las instituciones gubernamentales no valía la pena indagar o dar a conocer qué había sucedido con los menores de edad detenidos esos días, para nosotros, La Otra Campaña, es un asunto fundamental, pues la consideración, la inclusión, pero sobre todo la protección hacia los niños y las niñas es uno de nuestros principales principios.
Nueve fueron los menores de edad detenidos esos días, ocho hombres y una mujer. Quienes además de sufrir todos las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la detención y el traslado al penal de ‘Santiaguito’, Almoloya de Juárez, a estos jóvenes se les suma la tortura continua y prolongada durante su reclusión en el Consejo Tutelar de Menores “Quinta el Bosque”, ubicado en Zinacantepec, Estado de México.
Es decir, además de sufrir y ser testigos de golpes continuos, patadas, imposibilidad de la visión, amenazas de muerte, humillaciones, tortura sexual, permanecer sin comer durante dos días, entre otros; estos jóvenes fueron torturados a su llegada a la “Escuela de Rehabilitación Quinta el Bosque” por los custodios de esta misma institución.
Llevados en dos grupos, a excepción de la mujer, los muchachos fueron golpeados por aproximadamente 15 custodios del Tutelar, alrededor de media hora un grupo y una hora el otro. De acuerdo a lo relatado por los adolescentes, las formas de tortura fueron golpes a cada uno entre varios custodios, golpes en la boca del estómago hasta dejarlos sin aire e inmediatamente de ello hacerlos correr o hacer abdominales, romperles palos de escoba en la piernas, golpearlos en el pecho hasta el llanto, arrancarles mechones de cabello, humillarlos y amenazarlos hasta hacerlos desmayarse o vomitar.
De esta manera, tres jóvenes tuvieron que ser llevados a la enfermería y uno de ellos pasó todo el tiempo de su reclusión en este lugar. Uno de los médicos de la enfermería en algún momento intentó disuadir a los custodios para que los dejaran de golpear al ver las condiciones en que llegaban los jóvenes, pero los custodios contestaron “que no se metiera en lo que no le importaba”, pues además “venían recomendados por el gobernador”.
Desde su ingreso, los muchachos permanecieron alrededor de una semana en lo que llamaban celda de castigo. Un cuarto sin ventanas, en literas con esponjas en lugar de colchones, sin cobijas, y padeciendo las bajas temperaturas del lugar. Tenían que bañarse con agua fría muy temprano por las mañanas y sin contar con toallas para secarse, por tanto tenían que hacerlo con sus propias ropas.
Los golpes por parte de los custodios duraron todo el tiempo de su reclusión, a excepción de los que permanecieron en la enfermería. Incluso se dio el caso de que, también por órdenes de los custodios, los internos tuvieron que golpear a los muchachos. Esta situación duró los 25 días que la mayor parte de los adolescentes estuvieron recluidos en el Tutelar.
Éstas, entre otras irregularidades jurídicas, no fueron registradas en el informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó hace algunos días, pues, a pesar de contener en dicho informe un apartado sobre menores de edad, éste no contiene información pormenorizada sobre todo lo acontecido en el Tutelar. Tampoco toma en consideración las secuelas que han padecido los niños y niñas de la comunidad de San Salvador Atenco, quienes fueron severamente violentados por las fuerzas policiales estatales y federales el día 4 de mayo cuando allanaron violentamente sus casas y su pueblo, viendo cómo detenían, golpeaban y abusaban de sus padres, familiares y vecinos. De igual forma, hubo un pequeño de tres años de edad quien estuvo en medio de la detención de los floricultores el día 3 de mayo en Texcoco, Edo. De México y padeció la aspiración de gas lacrimógeno, golpes al caer al suelo, tensión y angustia colectiva por varias horas, además de la separación de su madre por más de 22 días. A la fecha, su padre permanece detenido en el penal de Santiaguito.
Todo lo anterior además de violentar varios instrumentos jurídicos concernientes a la defensa de los derechos humanos, de los derechos del niño y legislación contra la tortura (los cuales se detallan al interior de este informe), se pone en evidencia la intención del gobierno, en todos sus niveles, de reprimir y atemorizar a los sectores sociales que luchan por defender sus derechos, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de la tortura hacia las mujeres, adultos mayores y menores de edad.
Este informe pone de manifiesto que en este país, a los niños y las niñas se les tortura, se les golpea, se les abusa, acosa e intimida en lugar de recibir la seguridad y protección del Estado que demanda el Interés Superior de Niño, estipulado en la Convención de los Derechos del Niño, instrumento de vanguardia en la defensa de los derechos del niño no sólo en México, sino en el mundo entero, firmado y ratificado por nuestro país hace más de 10 años. En lugar de ello, la Convención de los Derechos el Niño (CDN) se encuentra lejos de ser respetada, e incluso es desconocida y no es aplicada por las instancias públicas y jurídicas dedicadas a la protección de la niñez mexicana. Por el contrario, en México se sigue aplicando el viejo sistema de justicia de menores, el cual ve en los niños y las niñas simples objetos de cuidado, de los cuales los adultos tienen la última palabra en su destino.
El lector encontrará en este informe, además de los testimonios detallados de cada uno de los jóvenes detenidos, algunos antecedentes del conflicto, elementos que nos hablan del sistema de justicia de menores en México, valoraciones médicas y psicológicas elaboradas por expertos en la materia, así como los efectos físicos y psicológicos de la tortura que han manifestado no sólo los jóvenes detenidos los días 3 y 4 de mayo, sino también los efectos psico-sociales de los niños y niñas de la comunidad de San Salvador Atenco. Cabe destacar que, a la fecha, estos niños y niñas han sido objeto de constante intimidación por los patrullajes y presencia de la policía municipal y estatal en su comunidad.
Respecto a los jóvenes, y como parte fundamental de este informe, queremos dar a conocer y denunciar públicamente que a partir de los últimos días de julio y a la fecha, el Segundo Juzgado de lo Penal del Distrito de Toluca ha enviado una serie de citatorios a los menores de edad requiriéndolos como testigos de parte del Ministerio Público en la causa número 96/06. Estas declaraciones se llevarían a cabo en el CEFERESO No. 1 (La Palma), penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, donde se les lleva proceso a Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez.
A lo anterior se agrega la presencia de automóviles sin placas detenidos cerca de sus casas y en actitud de constante vigilancia y hostigamiento por parte de desconocidos.
Este hecho los mantiene en un estado constante de angustia y estrés debido al miedo que sienten, por un lado, de verse forzados a entrar en un penal de máxima seguridad, donde serán sometidos a interrogatorio y al procedimiento de seguridad que estipulan estos centros (fotografías, revisiones corporales, incluso bajo la ropa interior, etc.) y, por otro lado, el temor de ser nuevamente recluidos bajo la fabricación de nuevos delitos.
Además, los familiares refieren que últimamente han visto automóviles sin placas apostados fuera de sus domicilios, lo que representa un acto de intimidación y hostigamiento.
Ante ello, y como organismos sociales y defensores de Derechos Humanos queremos hacer una denuncia pública, pues además de la tortura recibida en estos llamados centros de rehabilitación, lo que se pretende es involucrar a los jóvenes en casos que ya fueron comprobados, fehacientemente, no cometieron, tal como lo señala su defensa.
Por todo lo anterior EXIGIMOS:
1) Se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicosocial de los 9 menores detenidos durante los operativos de los días 3 y 4 de mayo del año en curso, llevados a cabo en los Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.
2) La cancelación de los citatorios que obliga a los menores a presentarse como testigos de la causa número 96/06 el CEFERESO No. 1 (La Palma), Almoloya de Juárez, Estado de México, dado que se ha comprobado su inocencia respecto a los delitos que les fueron fabricados, así como su nula participación en los hechos correspondientes a dicha causa penal.
3) El cese del hostigamiento e intimidación a los menores citados y sus familias.
4) El cese del hostigamiento a los habitantes del poblado de San Salvador Atenco y comunidades aledañas, que impide la reconstrucción del tejido psicosocial necesario para el pleno desarrollo y bienestar de los niños y niñas de la zona.
5) La libertad absoluta e incondicional de los 31 hombres y mujeres que aún se encuentran injustamente presos en el Centro de Prevención y Readaptación Social de ‘Santiaguito’ y CEFERESO No. 1, La Palma, en Almoloya de Juárez y “Molino de las Flores”, Texcoco, Estado de México.
6) Se lleve a cabo una investigación imparcial, independiente y exhaustiva de las violaciones perpetradas los días 3 y 4 de mayo durante los operativos de los días 3 y 4 de mayo del año en curso, llevados a cabo en los Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.
7) La reparación integral de los daños de las más de 200 personas detenidas durante los operativos, incluyendo a los 9 menores de edad, así como a las personas de la comunidad que fueron agredidas en sus bienes y en su integridad física, psicológica y moral.
Asimismo, responsabilizamos por las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante estos operativos a: Wilfrido Robledo Madrid, Comisionado General de la Agencia Estatal de Seguridad, Abel Villicaña, Procurador de Justicia del Estado de México, Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública Federal, Silvia Preuss Windfield, Directora de la “Escuela de Rehabilitación Quinta el Bosque”, Nazario Gutiérrez, Presidente Municipal de Texcoco, Edo. De México, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y Vicente Fox Quesada, Presidente de México.
